Blog do IFZ | 05/06/2025

Descarga aquí el artículo “La tierra y las reformas agrarias en América Latina: una mirada al pasado y perspectivas”

América Latina tiene una historia agraria marcada por profundas contradicciones. Desde la época colonial, cuando la tierra se concentraba en manos de una élite a través de las mercedes y encomiendas, hasta la actualidad —cuando la extranjerización y concentración de la tierra rural desafían la soberanía de los Estados nacionales—, la cuestión de la tierra sigue siendo un tema central para el desarrollo de la región. Es en este contexto que el estudio «La tierra y las reformas agrarias en América Latina: una mirada al pasado y perspectivas», del sociólogo Sergio Gómez, profesor asociado de FLACSO-Chile y exconsultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ofrece una visión global para entender las transformaciones agrarias en el subcontinente.

El trabajo, presentado originalmente en 2008 y revisado en 2014, ofrece un análisis detallado de las reformas agrarias implementadas a lo largo del siglo XX, destacando sus avances, limitaciones y el escenario actual de concentración de la tierra. Gómez, que además de investigador ha participado en procesos de reforma en Chile, combina el rigor académico con una perspectiva crítica, evitando simplificaciones y reconociendo la complejidad de un tema que sigue siendo tan vigente como controvertido.

Las raíces de la desigualdad: desde la Colonia hasta el siglo XX

Para entender las reformas agrarias latinoamericanas, hay que remontarse al período colonial, cuando la estructura de la tierra fue moldeada por la dominación española y portuguesa. La desigual distribución de la tierra, consolidada en el sistema de haciendas y plantaciones, engendró una sociedad rural estratificada en la que una minoría controlaba vastas extensiones territoriales, mientras que la mayoría de la población —incluidos pueblos indígenas y campesinos— vivía en condiciones de subsistencia o servidumbre. Este modelo, conocido como el complejo latifundio-minifundio, se perpetuó incluso después de las independencias nacionales del siglo XIX, manteniendo intactas las estructuras de poder en el campo.
No fue hasta el siglo XX, cuando se agudizaron las tensiones sociales y creció la presión modernizadora, que surgieron las reformas agrarias como respuesta política a la desigualdad. Gómez subraya que, aunque cada país ha seguido caminos distintos, tres experiencias destacan, por su condición de procesos anticipados, como paradigmáticas: México, Bolivia y Cuba.

Reformas agrarias en América Latina: entre revoluciones, contradicciones e influencia de la Guerra Fría

El siglo XX fue testigo de una serie de profundas transformaciones agrarias en América Latina, marcadas tanto por avances significativos como por paradojas persistentes. En México, la Revolución de 1910, impulsada por el emblemático lema zapatista «La tierra para quien la trabaja», inauguró un proceso de redistribución de la tierra que duró décadas, con la creación de los ejidos, tierras colectivas inalienables que beneficiaron a millones de campesinos. Sin embargo, como señala el estudio de Gómez, la reforma mexicana, a pesar de su carácter masivo (más de 100 millones de hectáreas redistribuidas), no logró superar la marginación económica del campesinado. Mientras el sector rural permanecía estancado, la agricultura moderna florecía en las medianas y grandes empresas privadas, revelando las contradicciones de un modelo que priorizaba la justicia social sin asegurar la eficiencia productiva.

En Bolivia, la Revolución Nacional de 1952 promovió una de las reformas más radicales del continente, aboliendo el latifundio y las relaciones serviles en el altiplano. Sin embargo, las regiones reformadas siguieron marcadas por la pobreza, mientras que el desarrollo agrícola modernizado se concentró en Santa Cruz, una zona poco afectada por la redistribución. Esta paradoja ilustra uno de los dilemas centrales de las reformas agrarias: la desconexión entre el acceso a la tierra y el desarrollo rural sostenible.

Cuba, por su parte, con la reforma de 1959, seguida de una segunda ley en 1963, nacionalizó los latifundios y estableció el control estatal sobre el 84 % de las tierras cultivables, convirtiéndose en un símbolo continental que inspiró a los movimientos campesinos y, al mismo tiempo, justificó la formulación de la Alianza para el Progreso, una iniciativa estadounidense que condicionaba la ayuda económica a la aplicación de reformas moderadas en otros países de la región.

A partir de los años sesenta, bajo la influencia de la Guerra Fría y el temor a las revoluciones socialistas, varios gobiernos latinoamericanos adoptaron leyes agrarias, a menudo como mera formalidad para acceder a recursos internacionales. Sin embargo, en países como Chile y Perú, las reformas adquirieron mayor profundidad y trascendencia.

En Chile, primero el gobierno de Frei Montalva (1964–1970) y luego el de Salvador Allende (1970–1973) promovieron una redistribución masiva de tierras, antes de que el golpe militar revirtiera brutalmente el proceso.

En Perú, el régimen militar de Velasco Alvarado (1968–1975) promovió una reforma única, sustituyendo los latifundios por cooperativas que, años más tarde, se fragmentarían en pequeñas explotaciones familiares, demostrando tanto el potencial como las limitaciones de los experimentos colectivistas.
También se dictaron leyes y se realizaron reformas agrarias en la mayoría de los países de América Latina con muy diferentes grados de aplicación, en escalas diversas y en períodos muy precisos.

Estos casos revelan cómo las reformas agrarias en América Latina han sido moldeadas no solo por demandas internas, sino también por presiones geopolíticas y contradicciones estructurales que, en muchos aspectos, siguen sin resolverse hasta el día de hoy.

El escenario contemporáneo: extranjerización, concentración y nuevos actores

Mientras las reformas del siglo XX buscaban combatir el latifundio tradicional, el estudio advierte sobre un nuevo fenómeno igualmente preocupante: la concentración y extranjerización de la tierra, impulsada por inversores extranjeros, fondos de capital y conglomerados agroindustriales. Datos de la FAO, citados por Gómez, revelan que en países como Brasil y Argentina las propiedades medias superan las 15.000 hectáreas, a menudo destinadas a la producción de commodities para la exportación, en detrimento de la seguridad alimentaria local.

Ante este escenario, el estudio destaca la importancia de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tierra (2012), un marco internacional que propone pautas para garantizar el acceso equitativo a los recursos naturales, sin recurrir a modelos impositivos. Gómez sostiene que, a diferencia de las reformas del pasado —a menudo concebidas como «construcciones sociales» ligadas a contextos históricos específicos—, el desafío actual requiere mecanismos flexibles debidamente consensuados por los principales grupos de interés directamente involucrados, capaces de conciliar desarrollo económico, justicia social y sostenibilidad ambiental.

Discusión: la reforma agraria como tema pendiente

La reforma agraria se entiende, en términos generales, como un conjunto de políticas, medidas y cambios legislativos —logrados con distintos niveles de participación y movilización de sus propios beneficiarios— destinados a modificar la estructura de propiedad y tenencia de la tierra en un país o región. Su objetivo principal es redistribuir la tierra de manera más equitativa, promoviendo el acceso de campesinos y pequeños agricultores a tierras cultivables, aumentando la producción agrícola y reduciendo las desigualdades sociales.
Históricamente, las reformas agrarias fueron impulsadas y realizadas durante el siglo XX.
Frente a esta situación, existe un sector que considera que se trata de un proceso ya concluido, en la medida en que se superó el latifundio como estructura predominante.
Otros, en cambio, señalan que se trata de un tema pendiente, ya que los objetivos de la reforma agraria —como la superación de la pobreza rural— no se han alcanzado. Además, han surgido nuevos desafíos, como la seguridad alimentaria y el cambio climático, y especialmente aquellos derivados del acaparamiento de tierras (land grabbing).
El proceso de concentración de la tierra que se observa en la actualidad se sitúa en un nivel muy superior al que existía antes de las reformas agrarias.
Además, la nueva agricultura moderna y competitiva enfrenta problemas urgentes que deben ser abordados, como la implementación de políticas que aseguren la sustentabilidad y la incorporación de la pequeña agricultura.

Las Directrices Voluntarias y la tenencia responsable de la tierra

Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional (DVGT) constituyen un marco de referencia internacional para la gobernanza responsable de estos recursos.
Fueron aprobadas en 2012 por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO y representan un conjunto de principios y normas que guían las prácticas de uso y administración de estos recursos. Son el resultado de un largo proceso de negociación en el que participaron gobiernos, representantes de la sociedad civil y del ámbito académico, en distintos niveles (nacional, regional y global), con la coordinación del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.
El contexto mundial en que este documento fue discutido y elaborado coincide con el período en que se observa el surgimiento de un proceso de acaparamiento de tierras que se manifiesta en una creciente concentración y extranjerización, como producto del desencadenamiento de tres crisis simultáneas:
(i) una crisis alimentaria por el aumento explosivo de la demanda global;
(ii) una crisis energética que demanda grandes extensiones para cultivos destinados a biocombustibles; y
(iii) una crisis financiera que convierte a la tierra en un activo seguro para los inversionistas.
Esta dinámica ha transformado el mercado de tierras, involucrando no solo a inversionistas tradicionales, sino también a fondos de inversión y gobiernos como compradores. Aunque inicialmente visible en África y Asia, esta realidad también se manifiesta en América Latina y el Caribe.
Existe una discusión pendiente sobre la relación entre la aplicación de las Directrices Voluntarias y el contenido de la reforma agraria.
Es necesario promover un debate que respete los argumentos —todos debatibles— sobre temas complejos que se encuentran en pleno desarrollo.

Lecciones para el futuro

Al revisar las reformas agrarias latinoamericanas, el estudio de Sergio Gómez E. no solo recupera una historia de luchas y logros, sino que también ofrece reflexiones críticas sobre los retos contemporáneos. Mientras que en el siglo XX la cuestión agraria se entendía como un problema de redistribución, hoy se vuelve más compleja, implicando temas como la soberanía alimentaria, el cambio climático y los derechos indígenas, etc.
El libro concluye que, aunque las reformas fueron fundamentales para abolir las relaciones serviles y reducir las desigualdades históricas, su legado sigue incompleto. El futuro requerirá políticas innovadoras que integren la democratización del acceso a la tierra con estrategias de desarrollo rural inclusivo, un camino aún en construcción, pero esencial para una América Latina más justa y sostenible.

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