José Graziano da Silva | 20/05/2024

Recientemente, el Instituto Brasileño de Geografía y Estatística (IBGE) reveló noticias alentadoras: el hambre en Brasil experimentó una disminución significativa el año pasado.

Según los datos, la inseguridad alimentaria grave disminuyó de 33 millones a menos de 9 millones de personas entre el inicio de 2022 y el final de 2023. Además, el número total de personas enfrentando inseguridad alimentaria grave o moderada, es decir, aquellos que no consumen lo suficiente para una vida normal, descendió de 65 millones a menos de 21 millones durante el mismo período.

Este notable progreso puede atribuirse en gran medida a las políticas macroeconómicas implementadas en 2023, especialmente el aumento real del salario mínimo, junto con la reducción del desempleo, la estabilización de los precios de los alimentos y el impacto positivo de los programas sociales mejorados como Bolsa Família.

Sin embargo, a pesar de estos avances, es imperativo no pasar por alto el hecho de que casi 21 millones de personas, una cifra similar a la población de la región metropolitana de São Paulo, todavía luchan contra el hambre en Brasil. Este hambre no se debe a la escasez de alimentos, sino que principalmente proviene de la falta de poder adquisitivo entre los más pobres, lo que significa que no pueden pagar las necesidades básicas.

La situación sigue siendo especialmente preocupante en el Noreste y, notablemente, en la Amazonia, donde la inseguridad alimentaria está íntimamente ligada a la degradación ambiental causada por la deforestación y la minería ilegal, afectando no solo a los territorios indígenas sino también a áreas de conservación y tierras cultivadas por pequeños agricultores familiares.

Es pertinente señalar que el hambre ya no es predominantemente un problema rural, como lo fue hace dos décadas cuando se inició el Programa Hambre Cero. Hoy en día, el hambre es predominantemente una preocupación urbana, específicamente, se concentra en las principales ciudades de todo el país.

Lamentablemente, el problema no es solo el hambre, sino también la falta de una nutrición adecuada. Debido a las limitaciones financieras, las familias comprometen la calidad de su dieta, optando por alternativas más baratas y procesadas en lugar de alimentos frescos y nutritivos.

Como resultado, la encuesta del IBGE reveló que aproximadamente 14 millones de hogares, aproximadamente el 20% del total, experimentan inseguridad alimentaria leve, recurriendo a dietas deficientes debido a limitaciones financieras. Esta falta de nutrición adecuada tiene graves consecuencias para la salud, incluida la obesidad, la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

Para erradicar eficazmente el hambre y la malnutrición, debemos superar los esfuerzos anteriores y adoptar estrategias integrales. Las agencias de primera línea del gobierno actual, incluidos los Ministerios de Desarrollo Agrario, Desarrollo Social y Salud, deben colaborar diligentemente hacia este objetivo común.

Para ello, son imprescindibles dos intervenciones políticas críticas.

En primer lugar, es fundamental una reforma fiscal. Actualmente, el sistema tributario agrava la desigualdad al imponer impuestos uniformes sobre los alimentos, independientemente de la situación financiera del comprador. Si bien la propuesta reciente del gobierno de eximir de impuestos federales a los productos básicos y proporcionar incentivos de reembolso en efectivo a los más pobres es un paso en la dirección correcta, es insuficiente. También debemos gravar más los alimentos procesados y ofrecer exenciones o subsidios para opciones saludables, especialmente productos frescos, para garantizar su accesibilidad para los más desfavorecidos.

En segundo lugar, es vital establecer políticas de seguridad alimentaria y nutricional a nivel municipal, similares a las que rigen la educación y la salud. La integración de la asistencia social, la atención médica y las iniciativas de seguridad alimentaria a nivel local facilitará el acceso a una nutrición adecuada y evitará que situaciones críticas se conviertan en crisis, como lo ejemplifica el reciente caso de un adolescente en Minas Gerais que informó a los servicios de emergencia sobre el hambre de su familia.

A pesar de los avances logrados, son necesarios pasos tangibles para erradicar definitivamente el hambre en Brasil. Se requiere un compromiso continuo con las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, junto con programas de redistribución de ingresos dirigidos a familias vulnerables, que deben ser políticas estatales permanentes, no medidas gubernamentales transitorias. El reingreso de Brasil al Mapa del Hambre de la FAO tras la interrupción de las políticas después de 2015 sirve como un recordatorio contundente de esta necesidad.

Solo a través de esfuerzos concertados y sostenidos, con la sociedad civil a la vanguardia, podemos garantizar que todos los brasileños tengan acceso a una alimentación adecuada y digna.