Por José Graziano da Silva | 16/12/2024

La seguridad alimentaria global y la obesidad son desafíos profundamente relacionados, especialmente en el contexto de los cambios climáticos actuales. El informe “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024” revela un inquietante paradoxo: mientras millones de personas continúan sufriendo hambre y malnutrición, otras enfrentan los impactos crecientes de la obesidad, lo que refleja la coexistencia de inseguridad alimentaria y dietas poco saludables.

En 2023, según datos de la FAO basados en la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), 2.330 millones de personas experimentaron dificultades para acceder regularmente a alimentos adecuados. De estas, 864 millones enfrentaron inseguridad alimentaria severa, lo que significa que no consumieron alimentos durante el período de referencia de la encuesta. Además, cerca de 3.000 millones de personas no pudieron costear una dieta saludable en 2022. Este escenario no solo evidencia las desigualdades económicas, sino también el impacto del alza en los precios de los alimentos básicos. En Brasil, por ejemplo, donde el costo promedio de una dieta saludable es de 3,35 USD diarios, aproximadamente 48 millones de personas no tienen acceso a una alimentación adecuada.

La rápida urbanización agrava estos desafíos. Para 2030, se espera que dos tercios de la población mundial viva en zonas urbanas, donde el alto costo de vida y la abundante oferta de alimentos ultraprocesados —económicos pero perjudiciales para la salud— dificultan aún más la seguridad alimentaria. Esta dependencia de productos industrializados ha contribuido al preocupante aumento de la obesidad mundial. Para 2035, se estima que más de 3.300 millones de adultos tendrán índices de masa corporal elevados. Las consecuencias son alarmantes: 5 millones de muertes anuales y un costo económico estimado de 4,32 billones de USD.

Chile es un ejemplo destacable con políticas públicas efectivas como el uso de etiquetados de advertencia frontal en alimentos, impulsado por el entonces senador Guido Girardi. Esta estrategia ha reducido significativamente el consumo de productos altos en azúcar, sodio y grasas saturadas. En Brasil, donde la obesidad afecta a más del 25% de la población, recién este año se implementaron sellos frontales. A pesar de este avance, aún falta integrar el tema en las políticas de salud universal y ampliar el acceso a dietas saludables. Sin embargo, la esperada reforma tributaria, que podría gravar los ultraprocesados y bebidas azucaradas para fomentar el consumo de frutas, verduras y legumbres, enfrenta fuerte resistencia de los lobbies de la industria alimentaria.

En Europa, aunque la Comisión Europea y el Parlamento Europeo aún no han establecido un marco regional para gravar las bebidas azucaradas y fomentar el consumo de frutas y verduras, varios países han implementado medidas nacionales. Al menos 10 países, incluidos Bélgica, Francia, Portugal, Hungría y el Reino Unido, han introducido impuestos sobre las bebidas azucaradas con el objetivo explícito de promover la salud pública y reducir su consumo.

Además, muchos países europeos han incrementado subsidios para fomentar el consumo de frutas, verduras y legumbres (FVL) como parte de estrategias para promover dietas más saludables y combatir la obesidad. Por ejemplo, el Programa Escolar de la Unión Europea distribuye gratuitamente frutas, verduras y leche en escuelas, beneficiando a millones de niños. En países como Austria y Alemania, se ofrecen subsidios directos para la compra de FVL frescas, con incentivos de hasta 3,25 euros por kilo, lo que las hace más accesibles para las familias.

Estas iniciativas representan un esfuerzo coordinado para integrar la salud pública con políticas alimentarias, buscando reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Aumentar el consumo de FVL no solo ayuda a prevenir enfermedades no transmisibles como diabetes e hipertensión, sino que también fomenta hábitos alimentarios más saludables desde la infancia.

En América Latina y el Caribe, el panorama es variado. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2021, 21 países aplicaron impuestos especiales sobre bebidas azucaradas, siendo más común en América Latina (15 de 19 países) que en el Caribe (6 de 13, sin datos de Haití). Sin embargo, 11 países, entre ellos Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela, aún no han adoptado este tipo de medidas.

Iniciativas como la tributación de estos productos buscan reducir su consumo y prevenir enfermedades como obesidad y diabetes. Países como México, Chile y Barbados lideran estos esfuerzos, mostrando resultados positivos en la disminución de compras de bebidas azucaradas e incentivando opciones más saludables.

En Estados Unidos, el senador Bernie Sanders ha destacado la importancia de combatir los impactos nocivos de los ultraprocesados en la recta final de su carrera política. Sanders ha señalado los avances ejemplares de Chile, que, con las etiquetas de advertencia frontal, ha logrado una reducción significativa en los índices de obesidad, especialmente infantil, demostrando la eficacia de políticas bien fundamentadas.

Por otro lado, el cambio climático intensifica los desafíos alimentarios. La productividad agrícola global ha disminuido un 21% en las últimas décadas en regiones tropicales y subtropicales, mientras que fenómenos climáticos extremos, como sequías e inundaciones, encarecen los alimentos y reducen su calidad nutricional. Estudios revelan que altos niveles de dióxido de carbono afectan negativamente frutas y verduras, disminuyendo sus nutrientes y alterando su apariencia, lo que desincentiva su consumo.

En este contexto, iniciativas como la de Marruecos, con el programa Maroc Vert liderado por el ex Ministro de Agricultura, actual primer ministro Aziz Akhannouch, son un ejemplo destacado. Este proyecto apoyó a pequeños agricultores para que cultivaran árboles frutales en un millón de hectáreas, mejorando su resiliencia al cambio climático y ofreciendo alimentos más saludables.

A pesar de la importancia de los sistemas agroalimentarios en la mitigación y adaptación al cambio climático, menos del 4% del financiamiento climático global se destina a este sector. La próxima COP30, que se celebrará en Brasil, representa una oportunidad única para integrar la seguridad alimentaria en las negociaciones climáticas y alinear los esfuerzos globales con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C.

Con la colaboración de gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil, es posible transformar los sistemas agroalimentarios en motores de equidad, sostenibilidad y salud global.

La lucha contra el hambre y la obesidad requiere acciones integradas que combinen una producción sostenible con políticas públicas inclusivas y un mejor acceso a alimentos saludables. Estamos en un momento clave para garantizar un futuro más justo y sostenible, donde nadie quede atrás.

Descargar la presentación “Global Food Security and Obesity Seminar, Marocco 2024“