Por Rodrigo Castañeda Sepúlveda y Manuel Sena | 25/07/2023

El 25 de julio, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) conmemora el Día Internacional de la Agricultura Familiar, resaltando el papel esencial que este sector desempeña en nuestro sistema alimentario y en la seguridad alimentaria global.

La agricultura familiar es responsable de una parte significativa de los alimentos consumidos en el país, y su contribución ha sido clave en el progreso de la producción de alimentos en los últimos años. Según las estadísticas del Ministerio de Agricultura, el volumen de producción de productos agropecuarios creció un 10% en 2022 en comparación con el año anterior. Esta colaboración, junto con programas de protección social y acciones de instituciones de la sociedad civil como ONGs, Iglesias y juntas de vecinos, ha contribuido a reducir el hambre y la inseguridad alimentaria.

De acuerdo a la publicación, “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023 (SOFI)” publicado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) este mes de julio, el indicador de hambre o subalimentación en el país ha pasado de 6,7 en 2021 a 6,3% en 2022. El mismo informe indica que la inseguridad alimentaria al 2022, se sitúa alrededor del 22%. Si bien es cierto, el país presenta una tendencia hacia la disminución de ambos indicadores desde 2014 a la fecha, aun el país enfrenta desafíos significativos. El tema se traduce en cómo garantizar el acceso económico a los alimentos a toda la población y políticas sociales articuladas a los sectores vulnerables.

Es cierto, la agropecuaria tiene una importancia económica fundamental para las regiones del Cibao Sur, Nordeste y Noroeste; así como las de El Valle e Higuamo debido a que genera, en términos promedio, el 15% del PIB (Cifras de MEPyD 2015-2019). Además, es una de las principales fuentes de generación de empleos e ingresos en esos territorios.

Pero ¿cómo se explica que la región de El Valle, donde la agropecuaria es la principal fuente de generación de empleos y la tercera en contribución al PIB (12.9%), es la que presenta mayores niveles de inseguridad alimentaria (62%) y una de las que concentra mayores niveles de pobreza, según la Encuesta de Hogares 2021 de la ONE?. Niveles de precariedades que se deben a que el 85% de los empleos que genera el sector agropecuario son informales y el ingreso por hora es inferior un 37,4% del promedio nacional.

Si queremos erradicar definitivamente el hambre, y mejorar los indicadores de seguridad alimentaria tenemos que abordar el problema más allá de los buenos rendimientos de la agricultura. Hoy más que nunca todos buscamos alimentos sanos y nutritivos, una alianza entre la agricultura familiar y las compras públicas del Estado puede ser el camino para mejorar las condiciones de vida en la que viven las familias responsables de garantizar nuestra alimentación.

Lograr que los pequeños productores puedan acceder de manera directa a mayores y mejores mercados, es una de las apuestas que están incorporando varios países de la región, como parte de las estrategias para generar mayores ingresos en este sector. Las compras públicas de alimentos se transformaron en una herramienta para fomentar el desarrollo rural, al orientar la demanda pública de alimentos hacia los proveedores nacionales, en especial hacia los pequeños agricultores.

En la región, alrededor de 12 países tiene marcos regulatorios que promueven las compras públicas de la agricultura familiar. Destacable es el caso de Brasil que ha retomado sus programas sociales, con un amplio programa de adquisición de alimentos, estableciendo que un 30% de las compras del Estado sean provistas por agricultores familiares, de forma que sus productos sean comercializados a precios justos y de forma saludable y fomente la inclusión económica de este sector.

No obstante, para que los agricultores familiares logren ser proveedores del Estado, se requiere superar importantes retos: la complejidad técnica y burocrática que los agricultores deben cumplir como requisitos para convertirse en proveedores estatales. Falta de asociatividad necesaria para ofrecer volúmenes de producción competitivos y aspectos relativos a la calidad e inocuidad de los alimentos.

República Dominicana está avanzando en esta dirección. Solo por nombrar dos iniciativas recientes, la decisión del INABIE de mejorar los menús escolares incorporando alimentos nutritivos provenientes de los pequeños agricultores, y el proyecto de Ley de Agricultura Familiar, tramitado por la Cámara de Diputados, con el apoyo técnico de la FAO, actualmente en el Senado para su aprobación. Este proyecto fomentará la modernización de este sector para que se consolide como un motor de desarrollo rural, y de esta forma, se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente.

En este sentido, el proyecto de ley contempla un Registro Nacional Único que identifique las unidades de la agricultura familiar. Con este registro, será posible conocer el número de agricultores familiares, sus actividades de producción, sus potencialidades y necesidades específicas. También se busca implementar un programa de extensión para mejorar su productividad y crear un sistema nacional de financiamiento especializado para apoyar a estos agricultores. Además, se pretende otorgar un sello de la Agricultura Familiar que permita identificar y diferenciar el origen de sus productos.

La inclusión de la agricultura familiar como proveedora de alimentos saludables en mercados públicos y privados representa una oportunidad invaluable. Incorporar productos locales, tradicionales y nutritivos en el Programa de Alimentación Escolar y en la oferta turística del país beneficiaría a millones de estudiantes y turistas. Para lograr este cambio, es crucial seguir avanzando en políticas que impulsen la colaboración entre los agricultores familiares y el Estado, generando un futuro más próspero y la erradicación del hambre para todos, sin dejar a nadie atrás.

Rodrigo Castañeda Sepúlveda es Representante de FAO Dominicana

Manuel Sena es Especialista en Agricultura Familiar, FAO