Por José Graziano da Silva, director del Instituto Fome Zero | 28/07/2025

La edición 2025 del informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI), lanzado el 28 de julio en Adís Abeba, confirmó oficialmente lo que ya veníamos observando en los últimos dos años: Brasil volvió a salir del Mapa del Hambre (MdH) de la FAO. La prevalencia de subalimentación en el país (PoU – Prevalence of Undernourishment) cayó al 2,4% en el trienio 2022–2024, por debajo del umbral del 2,5% establecido por las Naciones Unidas.

Pero el PoU no es el mejor indicador para definir si un país está o no en el MdH, ya que sufre por la falta de datos actualizados, especialmente el parámetro del coeficiente de variación de la distribución de alimentos, que depende de la distribución de ingresos, no siempre disponible anualmente. Por eso, es necesario actualizar periódicamente la serie, como ocurrió este año. Además, el PoU es un indicador único, agregado a nivel nacional, lo que en un país como Brasil —con profundas desigualdades de ingreso entre su población y regiones— termina diciendo muy poco.

Por estas y otras razones, cada vez se utiliza más el indicador de inseguridad alimentaria (INSAN), medido por la escala FIES, similar a nuestra EBIA (Escala Brasileña de Inseguridad Alimentaria), basada en encuestas de campo realizadas anualmente en países miembros de la FAO.

La gran noticia es que, en 2024, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada + severa cayó por debajo del 10%, como ya había ocurrido en 2014, cuando Brasil salió por primera vez del MdH. La inseguridad alimentaria severa afectó a solo el 1% de la población —¡igual que en 2014!

Este dato no solo cierra un ciclo de reconstrucción institucional iniciado por el tercer gobierno de Lula en 2023, sino que nos obliga a mirar hacia atrás y reflexionar sobre las lecciones aprendidas (y las que no).

Recuerdo vívidamente aquel septiembre (foto), cuando entregué en mano a la presidenta Dilma Rousseff, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el reconocimiento oficial de que Brasil había erradicado el hambre según los criterios internacionales. El país cumplía, con dos años de antelación, la meta de reducir a la mitad el hambre establecida por los Objetivos del Milenio. Era el punto culminante de una década virtuosa: el programa Fome Zero se había convertido en política de Estado, el programa Bolsa Familia se consolidaba como modelo internacional de transferencia condicionada de ingresos, y el CONSEA recuperaba su protagonismo participativo.

Pero la historia no fue en línea recta.

A partir de 2016, con el desmantelamiento gradual de las políticas sociales —incluidas las de lucha contra el hambre— se inició un ciclo de retroceso que se profundizó bajo el gobierno de Bolsonaro. El cierre del CONSEA en 2019 fue más que simbólico: fue un intento explícito de borrar de la institucionalidad brasileña el principio de que comer es un derecho —no un favor. Se recortaron presupuestos del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), se desmanteló la merienda escolar durante la pandemia, y se destruyeron las redes de apoyo a la agricultura familiar. ¿El resultado? ¡Brasil volvió al Mapa del Hambre incluso antes de la pandemia —un retroceso trágico!

Si hoy Brasil volvió a salir del Mapa del Hambre, es porque resistió. La fuerte presencia de la sociedad civil impidió que la política de Estado de lucha contra el hambre, inscrita en la Constitución desde 2010, fuera enterrada. Redes como la Articulación del Semiárido (ASA), PENSSAN, las Frentes Parlamentarias contra el Hambre, las universidades, las cocinas solidarias organizadas por movimientos sociales y los bancos de alimentos —entre muchos otros— mantuvieron viva la llama de las buenas prácticas y la solidaridad organizada.

La elección de un nuevo gobierno de Lula en 2022 reabrió la oportunidad de reconstruir políticas públicas basadas en derechos. El CONSEA fue restaurado a inicios de 2023, el Bolsa Familia reestructurado, el PAA relanzado, y el Plan Brasil Sin Hambre volvió al centro de la estrategia federal. En apenas dos años, logramos revertir la curva del hambre y salir nuevamente del Mapa.

Pero no podemos repetir el error de 2014: confundir un punto de llegada con un punto final.

Salir del Mapa del Hambre es una conquista, pero está lejos de ser suficiente. Los datos del SOFI 2025 muestran que 28 millones de brasileños aún sufren algún grado de inseguridad alimentaria —moderada (que afecta la calidad de la dieta) o severa (que compromete comer todos los días). Además, el SOFI 2025 revela que casi un cuarto (24%) de la población no puede pagar una dieta saludable que incluya frutas y verduras. Es decir, 50 millones de brasileños no tienen dinero suficiente para alimentarse bien, según estimaciones de la FAO.

Como consecuencia directa, el SOFI 2025 muestra que 46 millones de brasileños ya tenían sobrepeso en 2022. Más del 20% de la población adulta es obesa, y casi el 60% tiene sobrepeso —una proporción que crece cada año. Las mismas políticas que ayudaron a reducir el hambre no lograron —o no tuvieron respaldo político— para frenar el avance de los ultraprocesados, la publicidad engañosa y la monocultura alimentaria impuesta por el mercado.

Esta omisión del Estado —no solo del gobierno de turno— tiene consecuencias graves para nuestro futuro. La obesidad infantil crece, las enfermedades crónicas no transmisibles saturan el sistema de salud, y los costos sociales y económicos de la mala alimentación se acumulan en el bajo rendimiento escolar y laboral, además de mayor exposición a enfermedades. En 2025, como en 2014, vencimos el hambre con políticas públicas. Pero aún no enfrentamos de manera integrada la agenda de la alimentación saludable.

La buena noticia es que nunca estuvimos tan preparados. La nueva Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, impulsada por Brasil y países del G20, parte del principio de que es necesario actuar con un conjunto de políticas públicas articuladas, intersectoriales y sostenibles. Si queremos ayudar a combatir el hambre y la malnutrición en el mundo, debemos dar el ejemplo en casa. Una alimentación saludable en Brasil debe ser un eje permanente de política de Estado.

Ya sabemos que no podemos permitir que el hambre vuelva, ni que la malnutrición siga siendo invisible. La historia reciente de Brasil demuestra que es posible revertir tragedias con voluntad política y acción colectiva con participación social. Que el reconocimiento del SOFI 2025 marque el inicio de una nueva etapa —más ambiciosa, más justa y más completa— en la lucha contra el hambre y todas las formas de malnutrición.